Crisis Social y Política

en el Partido de La Costa

martes, 10 de noviembre de 2026

Audiencia Pública electricidad

 Costo eléctrico sin definición hasta el 16/12/26

Tras la disputa judicial que permitió restablecer los aumentos eléctricos para 14 millones de usuarios, el Gobierno bonaerense convocó a una audiencia pública para debatir la continuidad del esquema de transición y las tarifas que regirán durante los próximos cinco años.


El Gobierno de Axel Kicillof abrió una nueva instancia en la discusión por las tarifas eléctricas bonaerenses. A través de la Resolución 827-MIYSPGP-2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, convocó a una audiencia pública para el próximo 16 de diciembre. El objetivo será poner a consideración de los usuarios la continuidad de la etapa de transición tarifaria y las propuestas de actualización que regirán durante el próximo período quinquenal.

La convocatoria llega después de una disputa judicial que tuvo como protagonista a la administración bonaerense. En septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había dispuesto suspender los aumentos aplicados desde agosto sobre los componentes provinciales de las facturas eléctricas. La medida respondió a una presentación del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó que se hubieran implementado modificaciones tarifarias sin una nueva audiencia pública.

Sin embargo, la Fiscalía de Estado apeló la decisión y consiguió que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata otorgara efecto suspensivo al recurso. De esa manera, quedaron nuevamente habilitados los cuadros tarifarios y las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP pudieron volver a aplicar los incrementos, que oscilan entre el 1,5% y el 3,5% y alcanzan a alrededor de 1,4 millones de usuarios. La controversia judicial, de todos modos, todavía no tiene una resolución definitiva. 

En medio de ese escenario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había defendido la intervención judicial de la Provincia. El funcionario sostuvo que la Fiscalía de Estado tenía la obligación de defender la posición del Ejecutivo y aclaró que la discusión judicial no estaba centrada en el monto de los aumentos, sino en la necesidad de realizar nuevas audiencias públicas.

También cuestionó el esquema tarifario heredado de la gestión de María Eugenia Vidal y aseguró que el gobierno de Kicillof optó por aplicar actualizaciones vinculadas a la inflación, en lugar de continuar con el mecanismo de redeterminación anterior. En ese marco, adelantó que la Provincia trabaja en un nuevo sistema de actualización tarifaria que podría entrar en vigencia hacia fines de 2027. 

Ahora, la Resolución 827 formaliza una instancia de participación ciudadana que tendrá alcance sobre los distribuidores provinciales y municipales. La audiencia se desarrollará de manera virtual, entre las 9 y las 18, con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura. Podrá extenderse al día siguiente si el desarrollo de la jornada así lo requiere.

El encuentro estará presidido por la Subsecretaría de Energía y contará con la participación de representantes de OCEBA y de las principales distribuidoras eléctricas. También fueron convocadas las federaciones que representan a las concesionarias municipales.

Uno de los puntos centrales será la presentación de los requerimientos de ingresos de las empresas y de los planes de inversión proyectados para el próximo quinquenio. La Provincia pretende avanzar en una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), un proceso que busca establecer las condiciones económicas y regulatorias para la prestación del servicio durante los próximos cinco años.

La revisión también contempla modificaciones en los mecanismos de distribución del Fondo Provincial Compensador Tarifario, una herramienta destinada a equilibrar las diferencias de costos entre los distribuidores provinciales y municipales, con el objetivo de que usuarios con características de consumo similares afronten importes equivalentes independientemente de su ubicación.


NOTA DEL EDITOR
La audiencia pública tiene fecha para el 16/12/2026, cuando ha comenzado la temporada estival por lo que todos el aparato productivo del verano se ve imposibilitado de calcular los costos de la prestación gastronómica, hotelera y comercial. Obviamente esto prácticamente disminuirá la oferta de trabajo que bajará rotundamente.
Si se cumplen lo tiempos previstos por la provincia, la desocupación de la temporada será superlativa al igual que la inseguridad y recursos municipales.

Persiste una falta de transparencia en la arquitectura tributaria, donde el Estado —en sus diversos niveles— sigue utilizando la boleta de luz como un mecanismo compulsivo de recaudación para cargas y tasas desconectadas del consumo directo. Al empaquetar ineficiencias de recaudación dentro de la factura eléctrica, los funcionarios eluden asumir el costo político de cobrar sus tributos por las vías correspondientes, trasladando todo el riesgo financiero al comercio y al usuario residencial.

En conjunto, la actuación de las autoridades responsables se caracteriza por la reactividad, la falta de planificación regional y la desarticulación institucional, transformando lo que debería ser una discusión técnica sobre costos de distribución en un factor de paralización económica para la región. 





Tasas alumbrado

Debate por la eliminación de las tasas de alumbrado público en las facturas de luz

 

La iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza y generó cruces con el oficialismo. Mientras el Gobierno local advirtió sobre la pérdida de recursos para sostener el servicio, desde la oposición cuestionaron el funcionamiento de las luminarias municipales, que permanecen encendidas durante todo el día.



El Concejo Deliberante fue escenario de un debate en torno a la eliminación de las tasas de alumbrado público que se encuentran incluidas en las facturas del servicio eléctrico en el Partido de La Costa. La propuesta fue impulsada por el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA).

Durante el tratamiento de la iniciativa, desde el oficialismo defendieron la continuidad del cobro y advirtieron que eliminar ese concepto de las boletas de electricidad significaría dejar de contar con recursos necesarios para garantizar el funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público en el distrito.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza cuestionaron ese planteo y pusieron el foco en una situación que consideran contradictoria: las luminarias municipales, que forman parte del sistema de iluminación pública, permanecen encendidas durante las 24 horas, incluso en jornadas de plena luz natural, cuando no resulta necesario mantenerlas en funcionamiento.

En ese sentido, los ediles opositores plantearon interrogantes sobre la eficiencia en la utilización de los recursos municipales y el control del sistema de alumbrado público.

De esta manera, la discusión legislativa abrió un debate que va más allá de la continuidad de una tasa incluida en las facturas de electricidad y pone en el centro de la escena el destino de los fondos que aportan los contribuyentes, la prestación de los servicios municipales y la necesidad de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

FaroNoticias


Instituciones y funcionarios incompetentes


Instituciones y funcionarios infames sin pudor

La crisis de previsibilidad frente a la temporada 2026/2027 evidencia una falla estructural de gobernanza en la que los organismos de control, la administración provincial y las gestiones locales priorizan la contención fiscal inmediata por sobre la viabilidad de la economía regional.

El aspecto más crítico en el desempeño de las instituciones involucradas es la desconexión temporal entre la burocracia estatal y la economía real. Fijar la Revisión Tarifaria Integral para mediados de diciembre —cuando la temporada turística ya está en marcha, los precios de alquileres y servicios fueron pactados y las estructuras de costos están cerradas— demuestra una marcada imprevisión estratégica hacia los municipios costeros, cuya sustentabilidad anual se define en esos tres meses.

En segundo lugar, se observa una degradación del marco regulatorio por sobrejudicialización. La secuencia recurrente de resoluciones emitidas omitiendo instancias de participación ciudadana, seguidas por cautelares de primera instancia y posteriores revocaciones en Cámara, convierte a la tarifa de un servicio público en una lotería de fallos. Las instituciones encargadas de fiscalizar (como el OCEBA) terminan cediendo su rol técnico a la disputa judicial, despojando al mercado local de la seguridad jurídica mínima requerida para invertir o contratar personal.

Por último, persiste una falta de transparencia en la arquitectura tributaria, donde el Estado —en sus diversos niveles— sigue utilizando la boleta de luz como un mecanismo compulsivo de recaudación para cargas y tasas desconectadas del consumo directo. Al empaquetar ineficiencias de recaudación dentro de la factura eléctrica, los funcionarios eluden asumir el costo político de cobrar sus tributos por las vías correspondientes, trasladando todo el riesgo financiero al comercio y al usuario residencial.

En conjunto, la actuación de las autoridades responsables se caracteriza por la reactividad, la falta de planificación regional y la desarticulación institucional, transformando lo que debería ser una discusión técnica sobre costos de distribución en un factor de paralización económica para la región.

  

Audiencia Pública electricidad

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